Contáctanos

Subscribete

  • White Facebook Icon

© 2019 @ C4 NOTICIAS MX

Crimen y castigo por Gabriel Regino

Saqueos. La otra pandemia.

Las bajas temperaturas parecen ser aliadas de los agentes transmisores de diversas enfermedades, pues construyen un involuntario habitat para su desarrollo. Y, en efecto, el año pasado el frío “calaba hasta los huesos” en una región donde ese clima extremo no era habitual. Quizá el mundo se estaba desgastando demasiado aprisa o alguna deidad enviaba mensajes de carácter térmico a sus creyentes. Ese año frío que fue común a otras regiones del planeta, se mantuvo al siguiente con funestas consecuencias: granizo, lluvias y plaga que hicieron del trigo su víctima indemne.

Todo lo anterior condujo a una escasez de alimentos, al acaparamiento del pan y a elevar sus precios. El domingo 8 de junio de 1692, las mujeres que se agolpaban em la alhóndiga exigiendo trigo o maíz, fueron maltradas, golpeadas y expulsadas sin atenderse sus reclamos. La respuesta no tardó en llegar: una turba enfurecida tomó por la fuerza el almacén, lo saqueó y además incendiaron diversos archivos de oficinas gubernamentales vecinas y ubicadas en la Plaza Principal de la capital de la Nueva España. Tal hecho quedó registrado en las conciencias y en la historia del nuevo mundo, como muestra de crisis desatendida.

325 años después y con motivo del incremento al precio de las gasolinas, turbas organizadas a través de redes sociales, llevaron a cabo saqueos de tiendas comerciales en la capital del país y en el vecino Estado de México, provocando pérdidas millonarias a las cadenas que sufrieron el embate organizado. Ahora, en 2020 y dentro de una las crisis sanitarias más graves de todos los tiempos, de nueva cuenta han surgido grupos que convocan y dirigen ataques contra establecimientos comerciales, aprovechando la emergencia por la que se transita.

¿Qué delito cometen los saqueadores y a qué penas se enfrentan? Estamos ante el hecho que la ley señala como el delito de robo a negocio cometido en pandilla, cuyas penalidades pueden alcanzar hasta los 10 años de prisión y, los involucrados, han de enfrentar su juicio en prisión justificada por el riesgo que representan a la sociedad, derivado de que su actuar es por convocatoria delictiva y no por una situación de catástrofe que empuje a la necesidad inevitable de obtener alimentos.

Tanto las personas que convocan, las que ejecutan y las que hacen funciones de acompañamiento a efecto de alertar a los autores sobre la presencia policial, habrán de correr la misma suerte. La decisión presidencial de que la Guardia Nacional prevenga los saqueos, nuevamente hace descansar a los Gobiernos Estatales de una responsabilidad que debiese ser compartida.

De aquí hacia el final del primer período de cuarentena, observaremos la eficacia de la prevención y el nivel de impunidad que estos actos tendrán en todo el país, a medida que las restricciones se incrementen. Importa destacar que los responsables, siempre serán personas asociadas a conductas delictivas previas, esto es, no responden a un necesidad vital, sino a la de aprovecharse de la emergencia para hacerse de bienes no relacionados con la susbsitencia diaria.

La práctica de la tortura como método para obtener información tiene como fecha de nacimiento institucional la expedición de la bula Ad Extirpanda el 15 de mayo de 1252, firmada por el Papa Inocencio IV y que tuvo como primeros destinatarios a los albingenses franceses, quienes se oponían a la expansión del cristianismo, lo que motivó su persecución y tormento para conocer sus prácticas y rituales que contradecían las bases de la nueva religión.

Durante todos los procesos inquisitoriales, la obtención de la verdad no era precisamente la finalidad de las torturas inflingidas, sino corroborar la acusación realizada por el Inquisidor y que le permitía la construcción de un relato confirmado con la confesión de la persona torturada. De esta manera, no se requería de mayores habilidades ni de más evidencias para condenar a detenidos por simple sospecha.

Estas prácticas inhumanas atravesaron el atlántico para perpetuarse con el Santo Oficio en la Nueva España, acompañado de una vetusta legislación llamada 7 Partidas que igualmente legalizaba la aplicación del tormento en cualquiera de sus formas. La independencia no eliminó la práctica de esta brutalidad, sino que subsistió hasta tomar una auténtica carta de naturalización en los incipientes cuerpos policiales del siglo decimonónico.

Durante la época Constitucional del 17, la entonces Corte Suprema de Justicia avaló que la confesión se convirtiera en la “reina de las pruebas” al bastar el dicho del detenido para fundamentar una sentencia condenatoria. Su denuncia de haber sido víctima de tortura, se consideró un mero alegato defensista que, sin prueba, no servía para anular su criminal confesión. Miles de inocentes, fueron condenados con base en pruebas obtenidas a través de la tortura.

A pesar de que en México se reformó el sistema de justicia penal en el año 2008, las prácticas abusivas se mantuvieron intactas, porque la policía se acostumbró por siglos a investigar por la fuerza de la violencia y no por la fuerza de la investigación científica. En el año 2014, el país se sacudió por la desaparición de 43 alumnos de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero. Después de la presión social ejercida por familiares y colectivos, la entonces Procuraduría General de la República comenzó a realizar detenciones y presentaciones a medios de personas a quienes señaló como autores del brutal crimen.

Varios de ellos fueron consignados y llevados al Estado de Tamaulipas para enfrentar su proceso, con el fin de dificultar su defensa y comunicación con sus familiares. Un defensor público, que es de aquéllos que el Estado proporciona a las personas que carecen de recursos, promovió un juicio de amparo en defensa de sus representados. El resultado fue demoledor para la institución del Ministerio Público. Y cómo no iba a serlo, si de acuerdo con la versión de los policías federales que intervinieron, narraron que cierto día circulaban por las calles de Cuernavaca, Morelos, advirtiendo la presencia de una camioneta en el estacionamiento de una tienda de auto servicio, lo que les pareció “sospechoso”, razón por la cual decidieron aproximarse a la misma y, que al identificarse como policías, de la camioneta descendieron varios individuos quienes inmediatamente les hicieron entrega de sus armas y aprovecharon la circunstancia para confesar que ellos habían participado en la desaparición y asesinato de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

La supuesta detención se registró a las 11 de la mañana y su llegada a las instalaciones de la PGR en la Ciudad de México hasta pasadas las 8 de la noche de ese mismo día. El argumento de la tardanza fue que una patrulla se venía sobre calentando y que además, habían marchas en la capital del país.

Todos los detenidos llegaron molidos a golpes, no se les permitió comunicarse con nadie y se les obligó a firmar sus confesiones. A algún servidor público se le ocurrió filmar en video las torturas y al salir a la luz pública después de muchos años, en paralelo a la brillante defensa del abogado público, los detenidos alcanzaron su libertad y hoy, parte de sus torturadores ocupan su lugar de internos en un Centro Federal en el Estado de Nayarit.

Faltan varios por ser detenidos, incluso se comenta, que hasta el propio titular de la entonces dependencia federal, presenció los “modernos interrogatorios” realizados por los elementos a su cargo. Desde 1252 a 2015, la tortura ha gozado de cabal salud en las investigaciones penales. Es tiempo de acabar con esta otra pandemia que afecta a los inocentes y a las víctimas, quienes pierden con ello, el derecho a conocer la verdad.

62 vistas